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SE TERMINÓ DE REDACTAR EL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO PENAL.



SE TERMINÓ DE REDACTAR EL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO PENAL


La Comisión reformadora del Código Penal de la Nación, que inició su labor hace seis meses, finalizó su trabajo con la presentación de un nuevo texto compuesto por tres libros y un total de 538 artículos. El encuentro tuvo lugar en los tribunales de Comodoro Py y contó con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona.


Durante el evento, el ministro resaltó la importancia de este nuevo código, destacando que "integra las leyes especiales y las más de 900 reformas en un cuerpo unificado, ordenado y clarificador, que reúne la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara de Casación, y las obligaciones internacionales del Estado argentino con una perspectiva moderna". Según Cuneo Libarona, la sociedad exige justicia, y este anteproyecto responde a esa demanda, ordenando un código que, tras haber sufrido más de 900 modificaciones, resultaba fragmentado. El ministro expresó su confianza en que esta iniciativa superará los intentos fallidos de reforma anteriores, proporcionando previsibilidad y seguridad jurídica.


La Comisión está conformada por figuras destacadas del ámbito judicial y académico, tales como Jorge Buompadre, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky, la jueza María Eugenia Capuchetti, y los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez. También integran el equipo los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.


Durante la jornada, Borinsky destacó que el nuevo código no solo actualiza el de 1921, sino que también incorpora la protección de nuevos bienes jurídicos, como el orden internacional, los derechos informáticos, el ambiente sano, y el patrimonio cultural y arqueológico, entre otros. Asimismo, se contemplan nuevas tipologías delictivas como el crimen organizado, el narcotráfico global, el terrorismo, el cibercrimen, y la trata de personas. Borinsky adelantó que en las próximas reuniones se abordarán cuestiones formales y la exposición de motivos.


Uno de los puntos clave de la reforma fue la definición de términos relevantes dentro del nuevo Código. Por ejemplo, "funcionario público" y "empleado público" se refieren a cualquier persona que, de manera temporal o permanente, participe en la función pública, ya sea por elección popular o designación de una autoridad competente. También se definieron conceptos como "mercadería", "estupefacientes", y "persona mayor", que hace referencia a aquellos mayores de 60 años.


Por otro lado, se amplió la definición de "tortura" para incluir no solo los tormentos físicos, sino también los sufrimientos psíquicos de gravedad suficiente. La "explotación" fue descrita como una relación de subordinación respecto del ejercicio de la sexualidad de la víctima, mientras que la "discriminación" abarca cualquier forma de jerarquización de seres humanos basada en religión, nacionalidad, género, entre otros factores.


El análisis de la Comisión también incluyó los delitos contra la propiedad intelectual, avanzando en temas relacionados con los derechos de autor, las marcas y las patentes. En este contexto, se determinó que las bibliotecas, archivos, museos públicos, instituciones sin fines de lucro y establecimientos educativos estarán exentos de responsabilidad penal en casos de infracción a los derechos de autor, siempre que no perjudiquen significativamente los intereses legítimos del autor.


En su última reunión, la Comisión tomó la decisión de incluir un tercer libro en el Código Penal, que tipificará delitos contra la humanidad, desaparición forzada de personas, genocidio, delitos de guerra y crímenes contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional. Esta incorporación responde a la necesidad de abordar estos delitos de forma autónoma, dado su carácter y naturaleza jurídica especiales. Se establecieron, además, principios específicos como la imprescriptibilidad de la acción penal y de las penas impuestas, la inaplicabilidad del indulto y la jurisdicción universal.


En definitiva, este nuevo Código Penal busca consolidar en un marco único todas las reformas acumuladas y ofrecer una herramienta jurídica moderna y eficaz para el país.

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